Educación, salud, agua potable y cloacas: Otros 12 meses en emergencia

El Poder Ejecutivo presentó tres proyectos de ley tendientes a lograr que el Parlamento declare por 12 meses la emergencia edilicia educativa; del sistema de salud y en materia de obras de agua, cloacas y saneamiento ambiental. Estas propuestas vendrían a actuar como una prórroga de la emergencia dispuesta en la ley 1063 que vence a fines de este año. Con esta herramienta se habilita al Estado a poder contratar de manera directa por hasta 2 millones de pesos o por licitación privada hasta por 8 millones de pesos.

Locales Diario del Fin del Mundo 17 de noviembre de 2016
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Bajo el argumento de volver más eficaces los procedimientos de compras y licitaciones y reducir los tiempos de realización de las obras necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de escuelas, centros de salud y de los servicios de agua potable y efluentes cloacales, el Poder Ejecutivo impulsa que se declaré por otros 12 meses a esas áreas en estado de emergencia.
En función de ello se plantea mantener vigente el procedimiento de excepción que fuera autorizado a fines de diciembre del año pasado, que habilita a efectuar compras y contrataciones directas o mediante licitaciones directas -modalidades autorizadas en la ley de contrataciones del estado- y a abreviar a dos días los plazos de publicación de esos procesos.
A diferencia de lo ocurrido a fines del año pasado, cuando el Poder Ejecutivo presentó un proyecto único de emergencia que se convirtió en la ley 1063, en esta oportunidad optó por elevar al Parlamento tres iniciativas distintas, una por cada área alcanzada por la declaración de emergencia.
A pesar del proceso inflacionario que vive el país desde diciembre del año pasado y que generó un constante incremento en los precios de bienes y servicios, la gestión Bertone mantener sin cambio los montos máximos oportunamente autorizados por la Legislatura en 2 millones para las contrataciones directas y en 8 millones para las licitaciones públicas.
En la iniciativa que busca la declaración de “la emergencia de carácter urbano, ambiental, sanitario y de
infraestructura a efectos de la realización de las obras necesarias y la implementación de las acciones
tendientes al restablecimiento de la regular prestación del servicio de provisión regular de agua
potable, tratamiento de efluentes y la remediación de los daños ambientales producidos”, el Ejecutivo justifica tal pretensión argumentando que “resulta necesario atender prioritariamente y con carácter de urgente la integridad de la prestación de dichos servicios, como así también velar por la defensa de nuestro medioambiente, con especial atención a la complejidad y particularidades de los mismos”. Agrega que “la obtención de recursos extraordinarios ante el Estado Nacional durante el segundo semestre del presente año” implica la adjudicación y ejecución de obras durante 2017 y 2018 -entre las que menciona la Planta de Tratamiento Arroyo Grande, la Planta de Pre-Tratamiento Bahía
Golondrina para la ciudad de Ushuaia, la puesta en marcha de las plantas de tratamiento en la
ciudad de Tolhuin y la nueva Planta de Tratamiento de Efluentes en la Margen
Sur de la ciudad de Río Grande- y que “a los efectos de facilitar la concreción del plan de obras que se ha elaborado con el fin de paliar la crítica situación estructural de índole sanitaria que atraviesan las ciudades de nuestra provincia (…) resulta necesario extender el marco de la emergencia ya aprobada por ese Poder Legislativo mediante Ley Provincial N°1063” por 12 meses.
Al fundar la necesidad de extender la vigencia de la prórroga de la emergencia de la infraestructura edilicia de los establecimientos educativos, se indica que durante este año, y al amparo de la ley 1063, se pudieron realizar refacciones y mantenimiento en aproximadamente 1/3 de los más de 140 edificios escolares con que cuenta la Provincia, razón por la cual resulta necesario seguir contando con esa herramienta de excepción a fin de “llevar adelante la inmediata ejecución de las inversiones y obras que
generen una pronta respuesta a las necesidades de la población estudiantil de la Provincia, en un
constante esfuerzo por la mejora integral del sistema educativo”.
Argumento similares se reiteran en el proyecto de emergencia del sistema sanitario. En esa iniciativa se destaca que “las tramitaciones abreviadas contribuyeron a la mejora continua del servicio de salud que provee el Estado Provincial a la población” y que “la implementación del máximo de los recursos estatales requiere de herramientas ágiles y eficaces que permitan a la Administración Provincial concluir las obras destinadas a garantizar el acceso a la salud y la provisión de los insumos y equipamientos necesarios para la prestación del servicio público en condiciones adecuadas”.
Tanto en el proyecto de emergencia edilicia educativa como en de emergencia del sistema sanitario se contempla la posibilidad de que el Ejecutivo pueda prorrogarla por otros 12 meses.
En todo los casos solicita se lo faculte “a realizar las adecuaciones presupuestarias que
fueren menester a fin de cumplimentar las disposiciones” contenidas en las iniciativas, a la vez que se obliga a elevar un informe trimestral a la Legislatura sobre “las acciones ejecutadas” en el marco de esas emergencias.
Si bien el régimen general de contrataciones para el sector público provincial, aprobado por ley 1015, vigente en Tierra del Fuego desde fines de 2014 habilita al Estado a realizar contrataciones de manera directa o por licitación privada, también obliga a justificar en cada caso en particular las razones por las que adoptan esos procedimientos de contratación. Con la segura sanción de los proyectos de emergencia, el Ejecutivo se verá eximido de cumplir con ese requisito.

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