Alika Kinán testificó a puertas cerradas y los tres imputados se negaron a declarar

La sobreviviente de trata constituida en querellante contra sus captores habló en la jornada inaugural del juicio. Lo hizo sin público y sin la presencia de los tres acusados, luego de que el Tribunal Oral Federal atendiera a una recomendación de expertos para no revictimizarla. Por su parte los imputados hicieron uso del derecho de no prestar declaración indagatoria. Fue una jornada a sala llena, por la asistencia de representantes de organizaciones feministas que respaldan a Kinán, convertida en una activista de los derechos de género.

judiciales Diario del Fin del Mundo 08 de noviembre de 2016
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La sobreviviente de una supuesta red de trata de personas que por primera vez en el país se constituyó en querellante contra sus presuntos captores, Alika Kinán, declaró ayer como testigo en el juicio oral y público que se lleva a cabo en Ushuaia.
La mujer de 40 años, convertida en una activista de los derechos de género, habló ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, cuyos integrantes resolvieron que el testimonio se prestara “con la sola presencia de las partes, sin público, ni prensa ni los tres imputados que tiene el caso”.
Los jueces Ana María D`alessio, Luis Giménez y Enrique Guanziroli tomaron la decisión de que la declaración fuese reservada luego de consultar a dos psicólogas del “Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata”, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes aconsejaron el tipo de modalidad para asegurar los derechos de la mujer y no revictimizarla.
Por su parte los tres acusados, Pedro Eduardo Montoya y Claudia Ivana García, el matrimonio sindicado como propietario del local nocturno “Sheik”, ubicado en pleno centro de la capital fueguina, y Lucy Alberca Campos, quien oficiaba como la encargada del lugar, se negaron a prestar declaración indagatoria.
Alberca Campos, una ciudadana peruana de 32 años, que está presa en relación con un caso de drogas, pretendió presentar una declaración escrita, pero los jueces rechazaron esa posibilidad con el argumento de que la instancia exige un testimonio oral y espontáneo, “no previamente armado”.
En tanto Montoya y García, defendidos por el abogado Félix Santamaría, hicieron saber que podrían declarar después de enterarse de los dichos de la querellante y de otra mujer, también supuesta víctima de trata.
El tribunal aceptó la citación de tres nuevos testigos, y desechó la convocatoria a otros tantos, durante la resolución de cuestiones preliminares planteadas por las partes, y que motivaron un cuarto intermedio de casi cuatro horas, luego del inicio de la audiencia realizado a las 9 de la mañana con la lectura de una síntesis del requerimiento fiscal de elevación a juicio.
Los jueces también descartaron un pedido de los abogados de la Municipalidad de Ushuaia, que está demandada civilmente en la causa, para sumar en forma subsidiaria al Estado provincial y al Nacional, de manera de que respondan por el dictado de normas que supuestamente favorecieron y legalizaron las actividades que tenían lugar en los prostíbulos de la ciudad.
Kinán fue rescatada del local nocturno “Sheik” junto a otras seis mujeres durante un operativo realizado por Gendarmería Nacional, a instancias de la Justicia Federal de Ushuaia, el 9 de octubre de 2012.
La mujer asumió su condición de víctima un tiempo después, y además de constituirse como querellante en el caso, se convirtió en una activista de los derechos femeninos que actualmente preside el “Instituto de Género Sapa Kippa”.
El juicio también motivó la presencia del titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) Marcelo Colombo, quien viajó especialmente a Ushuaia a participar del proceso y actúa en coordinación con el fiscal general del distrito, Adrián García Lois.
Las audiencias son seguidas por decenas de militantes de organizaciones sociales feministas y de sindicatos estatales que concurren en apoyo de Alika, y también por un puñado de mujeres que la acusa de “mentir” y de “desproteger a sus hijos exponiendo a alguno de ellos a la misma situación de trata que ella denuncia”, según dijeron.

“Punto de inflexión”

El juicio es considerado “un punto de inflexión” por la representante legal de Kinán, Marcela Rodríguez, coordinadora del “Programa de Asesoramiento y Patrocinio para Víctimas del Delito de Trata de Personas”, que depende de la Defensoría General de la Nación.
Rodríguez declaró ayer que también es “un gran desafío para el sistema judicial, que debe responder a un caso de graves violaciones a los derechos humanos”.
“Necesitamos de este caso para que otras víctimas se puedan animar a estar en estos estrados. Esperemos que el juicio le de fuerzas a otras víctimas que todavía no pueden hacer oír su voz”, señaló la letrada.
En cambio, el abogado defensor de Montoya y García, Félix Santamaría, negó la existencia del delito de trata y aseguró que el local nocturno “estaba habilitado legalmente sin que se haya podido demostrar la realización de pases o el ejercicio de la prostitución”.

“Infra zoológicas”

El fiscal García Lois afirmó ayer que tanto Alika Kinán como las otras seis víctimas rescatadas de una presunta red de trata de personas en 2012, “vivían en condiciones infra zoológicas, porque ni siquiera los animales hubieran soportado esas condiciones”, aseguró en diálogo con EDFM.
García Lois realizó esas declaraciones tras la lectura de la acusación que tuvo lugar en la primera jornada del juicio oral.
El fiscal describió el momento en que la Justicia allanó el local nocturno “Sheik”, y pudo ingresar a la propiedad donde ejercían la prostitución y vivían las siete mujeres rescatadas.
“Cuando se entró al lugar donde se realizaban las explotaciones sexuales, había habitaciones linderas, que estaban separadas por un tabique pero que pertenecían al mismo predio. Allí vivían las mujeres en completo estado de hacinamiento”, relató.
También mencionó que el sitio presentaba “olor nauseabundo y era evidente la presencia de roedores”, entre otras condiciones de falta de higiene.
“No diría que eran condiciones infrahumanas, sino infrazoológicas”, insistió el funcionario judicial.
En contraposición, el fiscal dijo que la Justicia halló importantes sumas de dinero en las viviendas de los imputados, como por ejemplo “cerca de 400 mil pesos en el domicilio del dueño del prostíbulo”.
Según García Lois, el caso tiene “sobrados elementos de prueba”, porque además del testimonio de todas las víctimas, se cuenta con “intervenciones telefónicas y mensajes de texto que comprometen a los acusados en las actividades de captación y explotación de las mujeres”.
Además, agregó que en lugar se encontraron “más de 150 libretas sanitarias de mujeres que habían pasado por el sitio en un breve lapso de tiempo, todas en condiciones de vulnerabilidad social”.

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