El defensor de Montoya cargó contra la presión de Bertone, Melella y “la doble moral” de los medios

Locales 15 de noviembre de 2016 Por
El Dr. Félix Santamaría se mostró molesto por “la presión” de la gobernadora Bertone y del intendente Gustavo Melella para que se llegue a una condena, y expuso “intereses políticos” detrás. Afirmó que Melella pide a los jueces “que sean implacables” porque “está demandada la otra Municipalidad”
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encabezada por Walter Vuoto. Cargó contra la periodista de Clarín Mariana Iglesias, que realizó la cobertura “con un periodismo militante”, cuando hasta 2011 el diario “promocionaba abierta y explícitamente la prostitución”. También se ocupó de El Diario del Fin del Mundo, que “me dedicó dos líneas” pero “pone completo el descargo de la Municipalidad porque factura publicidad”. Y hasta le atribuyó cierta responsabilidad por el crimen de Mabel Almada: “El asesino no fue a un bar de copas para buscarla, la sacó de El Diario del Fin del Mundo y con eso la mató”, disparó. Respecto del proceso en sí, apuesta a las nulidades planteadas.
El Dr. Félix Santamaría, abogado defensor de Pedro Montoya en el juicio por trata de personas que se desarrolla en la capital fueguina, con un cuarto intermedio hasta el 29 de este mes luego de los alegatos, arremetió contra la presión política para que se llegue a una condena, y contra los “periodistas militantes” que tienen “doble moral”.
Fue en una entrevista realizada ayer por FM Del Sur, en la que hizo referencia primero a la presión de la gobernadora Bertone y luego a la del intendente de Río Grande Gustavo Melella: “La Dra. Bertone sostenía que sea un juicio justo, y justo sería que los absolvieran, porque el procedimiento fue nulo –aseveró-. No se puede presionar a los jueces por medio de una comunicación”, criticó el abogado.
Cargó contra la “exigencia del intendente de la zona norte de que sean implacables”, dijo en alusión a Melella.
“Esto no es una venganza, es un juicio donde se deben respetar los mínimos procedimientos. Si no, directamente nos dedicamos a la horca y, cada vez que veamos algo, colgamos a las personas. Se acabaron los abogados, para alegría de algunos. Nos dedicamos al salvajismo, y quieren eso”, aseveró.
“A partir de ahora salgamos con horcas y con la horda con los palos de fuego”, instó Santamaría, a la luz de estas supuestas presiones que observa.

Intereses políticos

Se le preguntó si cree que juegan intereses políticos detrás de estos reclamos de condena y contestó que “parece que sí, porque está demandada la Municipalidad. Le dije a los jueces que, si hablábamos de lo político, íbamos a estar hasta las diez de la noche. No quiero mezclar las cuestiones políticas, pero resulta evidente que están denunciando una Municipalidad y sale la otra Municipalidad a pedir que sean implacables”, manifestó de las expresiones de Melella.
Recordó que “la otra Municipalidad (de Río Grande) con el mismo tipo de ordenanza tuvo cuatro procedimientos en la misma época y cobraban la misma tasa que la Municipalidad de Ushuaia. Y era el mismo intendente, mientras que en Ushuaia no era el intendente que está ahora”, observó dado que al momento del allanamiento ocupaba el lugar de Walter Vuoto el ex intendente Federico Sciurano.
“Tenemos ocho horas para hablar de lo político por este tema”, aseveró.

Clarín y El Diario del Fin del Mundo

Luego el Dr. Santamaría arremetió contra la prensa y en particular contra el diario Clarín y El Diario del Fin del Mundo: “Vino la periodista de Clarín (Mariana Iglesias) y de El Diario del Fin del Mundo, casi con un periodismo militante por el lado de Clarín con el tema de la trata. Pero no hay que olvidarse que hasta el año 2011 Clarín tenía el rubro 59, donde publicaban todos estos avisos y automáticamente se promocionaba abiertamente y explícitamente la prostitución”, expresó.
A su criterio, “la pobre chica (Mabel) Almada, que trabajaba en forma privada, esa es la verdadera víctima de todo este sistema. No trabajaba en un boliche prostituyéndose o en un piringundín. Trabajaba por su cuenta porque estaba su aviso en El Diario del Fin del Mundo. El asesino no fue a un bar de copas para buscarla: la sacó de El Diario del Fin del Mundo y con eso la mató”, acusó Santamaría.
“Cuando hablamos, no podemos hablar de doble moralidad. Ahora somos todos antitrata, porque es el delito de moda. Clarín facturaba, antes de 2011, doscientos millones de pesos mensuales por los avisos del rubro 59: diez millones de dólares. Que digan si no es partícipe de la promoción del delito de prostitución. Ahora vienen a hablarnos de moralidad, de trata, de que el abogado dijo esto, le sacan la foto y promocionan a los fiscales antitrata”, señaló con malestar, ante la aparición de la imagen nítida de los acusados en el medio de mayor tirada nacional, cuando como defensor había pedido que no se los fotografiara.
“Ni siquiera tuvieron el tupé de escuchar a la noche el relato nuestro. Se fueron todos a la mañana con los fiscales”, fustigó.
Agregó que “El Diario del Fin del Mundo hoy –por ayer- me pone dos líneas. Eso sí, para la Municipalidad pone completo todo el descargo, porque facturan al Municipio. Cuando uno no les paga publicidad, sale en dos líneas”, afirmó el letrado.
“Después dicen cuando sale la sentencia que el tribunal es corrupto, pero no escucharon a todas las partes. Estoy bastante caliente porque acá hay una doble moral”, ratificó.

Bocchicchio y la “Tía Peter”

A renglón seguido le dedicó un párrafo al concejal Silvio Bocchicchio, que había sido citado como testigo por presentar un proyecto de derogación de las ordenanzas que permitían la existencia de “casas de tolerancia”.
“Resulta que un concejal iba a declarar como testigo y había propuesto como ciudadana ilustre a la Tía Peter”, señaló, haciendo mención al apodo de la regente del primer cabaret de Ushuaia, que dio el puntapié inicial a la actividad prostibularia en la capital fueguina junto con ‘La Mary’, dedicada luego a la labor solidaria.
“Yo le dije: ‘Silvio, ¿vos no propusiste a la Tía Peter para ser ilustre?’ ¿Cuál es la diferencia?¿la cuestión de tiempo?¿antes estaba bien y ahora está mal?”, se preguntó.
Así explicó por qué no declaró el ex edil del PSP: “La querella desistió del testimonio”, según Santamaría por la contradicción expresa de Bocchicchio en la materia.

Apuesta a las nulidades

Respecto del juicio en sí, el abogado apuesta a las nulidades que presentó.
“Pedimos la absolución y una serie de nulidades previas, que tomó un solo diario y más o menos bien; y pedimos la absolución porque mi defendido ya fue sobreseído por el fiscal Marcelo Colombo sobre una cuestión idéntica, después de una profusa investigación”, expuso.
Aseguró que fue “un sobreseimiento sobre hechos similares” y ahora “estas cuestiones tienen que ser resueltas por el tribunal”.
Cuestionó que se haya desarrollado este proceso en el fuero federal: “Ellos entienden que es (competencia del) fuero federal porque había captación en la zona de provincia de Buenos Aires y traslados a Ushuaia. El delito de trata es un delito complejo, hay una serie de actos de captación, traslados, acogimiento, de personas con muy grande vulnerabilidad. Actualmente no es necesario el consentimiento de la víctima. Si se dan esos elementos, no importa si la persona consiente o no, se considera trata de personas”, explicó.
“En el caso de Montoya no había prueba de eso, no hubo nunca ni antes (dijo del proceso anterior del que fue sobreseído), ni después. No había captación porque el supuesto captador, que es un hermano de mi defendida, fue sobreseído. Está apelado en Comodoro Rivadavia pero fue sobreseído”, sostuvo.
“El traslado está probado por escuchas telefónicas de la misma Gendarmería y el señor Montoya había dado instrucciones precisas de no realizar pagos de pasajes, que es una de las discusiones que tuvimos en el juicio. No hay traslado. Lo que había es lo de siempre y ya fue sobreseído: era eventualmente una casa de tolerancia que está prevista en el artículo 17 de la ley 12.331”, puntualizó, citando la ley de profilaxis, prevista para la prevención de enfermedades venéreas, que establece multas para “los que sostengan, administren o regenteen, ostensibles o encubiertamente casas de tolerancia” y dispone que “serán castigados con una multa de DOCE MIL QUINIENTOS a VEINTICINCO MIL PESOS. En caso de reincidencia sufrirán prisión de 1 a 3 años, la que no podrá aplicarse en calidad de condicional”.
Según Santamaría, corresponde “la prescripción de esa multa porque pasó tanto tiempo”, sin tener en cuenta la prisión en caso de reincidencia, que podría darse en este segundo proceso.
“Desde el momento que fue indagado (Montoya) hasta que fue elevado a juicio pasaron más de dos años, que es el período de prescripción de las multas”, argumentó sobre la eliminación de estos punitorios.

Gendarmes “provocadores”

Agregó que se plantearon “una serie de nulidades graves, especialmente la del agente provocador”, como llamó a los gendarmes que se infiltraron en El Sheik para colectar información.
Mencionó “los procedimientos del Black&White. Los dos procedimientos se realizaron en el mismo tiempo. El de Black&White duró quince días, con procedimiento y allanamiento. Este duró seis meses y había agentes provocadores. Son personas que provocan la comisión de un ilícito para afectar al presunto comitente. Los agentes iban al bar o al boliche, compraban una copa y entablaban relación con las supuestas víctimas. No pueden hacer eso, porque están provocando el delito”, aseveró, aun cuando se limitara a consumir una bebida el accionar.
Para el abogado, comprar tragos en el bar durante la investigación implicó “estar ingresando dinero al sistema prostibulario para conseguir información para la causa. No pueden hacer eso, menos sin la instrucción de un juez o un fiscal. No se puede provocar a otro a cometer un delito”, ratificó.
“Acá hacían esto con supuestos delitos aberrantes y no pueden entablar una relación para ganarse la confianza y que cuenten cómo era el sistema. Automáticamente el primer día tendrían que haber clausurado”, consideró.
Apuntó que como parte de la investigación, estos agentes “siguieron a una chica que la encargada (también acusada en el juicio) fue a buscar al aeropuerto, y no detuvieron esa recepción y llegada al aeropuerto. Siguieron con la investigación y no les importó. El motivo del allanamiento y clausura del local fue porque cerraban ese mismo fin de semana. Montoya había decidido cerrar porque no iba más el tema. Y no por Black&White (que ya había sido allanado y clausurado), sino porque no podía seguir funcionando el sistema. No le daba más, él no podía dar ningún alta ni gestionar la actividad, porque su socia no le dejaba –señaló, confusamente-. Cerraba el lugar, no porque las chicas estuvieran en peligro o porque se cometía delito”, reiteró.
Criticó que los agentes en su investigación “estuvieron seis meses con supuestas víctimas y, lo peor de todo, es que cuando las rescatan se fueron para todos lados, y una se fue a trabajar en el Candilejas, conocido por la misma testigo. ¿De qué sirve esto?”, se preguntó, invalidando los rescates de mujeres en situación de prostitución, con el argumento de que algunas vuelven a reinsertarse en el sistema prostibulario.

Apenas “con séptimo grado”

En otro tramo, Santamaría apeló a la ignorancia de su cliente para justificar su conducta: “Montoya fue investigado en la primera causa, se lo notificó de derechos y garantías, se le hizo tocar el pianito y le preguntó al comisario que lo estaba investigando qué era trata. Le preguntó a sus dos abogados anteriores qué era trata, y le explicaron que eso que estaban investigando no era”, relató.
“(Montoya) Es una persona que tiene séptimo grado. Le pregunta al comisario y a sus abogados, y está probado en autos eso: que le explicaron los alcances de la ley y él se quedó tranquilo”, dijo.
“El comisario le explicó que tenía que tener (a las mujeres) encerradas sin poder salir, en estado de servidumbre, pero ‘no es tu caso’ le dice el comisario”, aseveró.

Reinterpretando legislación local

A renglón seguido el Dr. Santamaría realizó una peculiar interpretación de la norma aprobada por la Legislatura provincial, que prohíbe los prostíbulos pero no persigue a la mujer que voluntariamente quiera ejercer la prostitución, en tanto no exista un tercero que se beneficie. “La Legislatura provincial sacó una ley por la cual cerraron todos los negocios, pero admite la explotación (sic) voluntaria de la prostitución. Para que se dé el caso de trata en el ámbito de la provincia, el artículo 4 dice que cuando se hace el allanamiento en el privado o en el lugar donde están ejerciendo la prostitución, no tienen que tener documentos. Si no tienen documentos y no indican lugar de origen, automáticamente la ley presume que es trata. Si tenés documentos, no es trata”, sostuvo.
Comparó el caso de El Sheik, donde las víctimas “tenían documentos, llaves, celular, hablaban con los parientes. La querellante (Alika Kinán) ese día estaba en otra habitación y no iban a trabajar. Las mismas compañeras que estaban dentro del lugar dijeron ‘estas trabajan cuando quieren, como quieren y hacen lo que quieren’. Esto, no dicho en una testimonial, sino a la gente que fue de Desarrollo Social, de rescate de víctimas. Esto manifestaron las otras chicas en relación a estas personas que ahora son querellantes”, expresó.

“En El Escondido viven peor”

Consultado sobre las condiciones de inhabitabilidad de las que dieron cuenta en el juicio desde la fiscalía, el Dr. Santamaría aseguró que vivían mejor que en asentamientos como el barrio El Escondido. “Encontraron en una de las habitaciones un poco de excremento de roedor. Yo hace cuatro años que vivo con roedores y soy bastante limpio. Todos preguntamos por los famosos roedores y nadie los había visto. Dicen que vieron excremento de roedor y yo hace años que pago una persona para que deje adhesivo para las ratas en el barrio Andino. Acá eran siete personas, en cuatro habitaciones, y la habitación sucia era de la encargada. El argumento era que les descontaban plata por mantener la limpieza de las habitaciones. Ellas tenían llave y, si ven las fotos, están en mejores condiciones que la pobre gente que vive en El Escondido, sin gas. La gente del Escondido vive sin gas, sin servicios mínimos indispensables y en condiciones infrahumanas. Acá dicen que eran infrazoológicas, y si ven las fotos, no lo pueden creer, tenían cocina. El argumento se cae por las mismas fotos. No saben cómo vive la gente en condiciones de pobreza”, manifestó Santamaría.
Se le preguntó si había baño en los cuartos, dado que en los testimonios señalaron que solamente tenían un bidet. “Ese estaba inutilizado y lo explicaron. Esa habitación no se usaba y era depósito. No se usaba porque había órdenes directas de mi defendido de no realizar pases ahí adentro”, respondió.
Se insistió con la pregunta sobre ese cuarto, porque se expuso que había una cama: “Sí –concedió-, pero eso era un depósito”.

Mediatización molesta

Finalmente el abogado cuestionó la mediatización de este juicio. “No entiendo por qué se generó tanta expectativa en esta causa, porque una situación distinta era el Black&White. Acá no encontraron ni un preservativo, ni manchas de semen ni de sangre en los colchones. No se peritaron las hojas que encontraron (con el registro de multas y pases). Fue una investigación pésima, ni siquiera existió una pericia caligráfica. La repercusión la tuvo por la presencia mediática de la querella en su momento y la presentaron como la causa de las causas. Para mí no es la mejor causa, porque ya el Dr. Colombo se expidió en su momento diciendo que en este lugar no se daban las condiciones de trata. Encima se equivocó la fiscalía y la denuncia se inicia en un período comprobado en que no estaba trabajando Montoya. Esa es una de las nulidades”, agregó.
“Sé que es muy técnica la cuestión, pero para condenar a una persona casi como por un homicidio, a doce años, hay que tener certezas tales y que no queden dudas de que se hacía explotación sexual o trata de personas. Acá no se da ese grado de certeza. Será todo lo inmoral que sea, pero no es legal (sic)”, concluyó en un fallido.

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