El Municipio de Ushuaia rechazó la demanda en su contra y ratificó su lucha contra la trata

Locales 14 de noviembre de 2016 Por
El Municipio de Ushuaia rechazó la demanda en su contra y ratificó su lucha contra la trata El área legal del Ejecutivo de la ciudad planteó que el Estado municipal cumplió con su responsabilidad, en relación a las normativas que regulaban el funcionamiento de locales nocturnos y los protocolos de acción vigentes para casos de víctimas de explotación sexual. Además, detalló las políticas que se pusieron en marcha durante la actual gestión para incorporar la perspectiva de género.
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La Municipalidad de Ushuaia, a través de su área legal, realizó el sábado su alegato en el juicio que se sigue en la Justicia Federal por el delito de trata de personas, en el que Alika Kinan demanda civilmente a la ciudad de Ushuaia reclamando un resarcimiento económico por daños y perjuicios.
En ese marco, se solicitó el rechazo de la demanda por entender que la falta de servicio brindada por el Estado municipal no es tal, y que además se activaron los mecanismos correspondientes para la contención y atención de este tipo de casos. Y se dejó en claro el compromiso de la actual gestión municipal de desarrollar las acciones necesarias para luchar contra la trata de personas y la explotación sexual, e implementar políticas tendientes a proteger, asistir y contener a las víctimas de esos delitos.
El área jurídica del Municipio planteó un rechazo in limine del argumento introducido por la actora civil (Kinan) en su alegato, advirtiendo defectos y violaciones procesales, por entender que existen modificaciones arbitrarias fuera del plazo establecido dentro de las normas procesales, y en virtud de encontrarse violentados los principios constitucionales del debido proceso, la defensa en juicio, igualdad de armas, legalidad y congruencia.
No obstante solicitar el rechazo in limine se alegó sobre el desarrollo del debate y de la prueba ofrecida, dirigiéndose al Tribunal de Juicio sobre aspectos que se enumeraron para evidenciar la necesidad de establecer fehacientemente cuál es el reclamo al Estado municipal.
Las pruebas objetivas analizadas en el juicio indican un período de tres semanas en las que se desarrollaron los hechos que se juzgan, aunque la demanda original reclama por un período de seis meses y se pretendió introducir un lapso de dos años y siete meses.
En su alegato el Municipio manifestó que se evidenció que la acusación pretendió, durante todo el proceso, forzar que el Municipio responda por obligaciones exclusivas del Estado nacional y/o provincial en materia de persecución del delito, cumplimiento de las obligaciones impuestas por Tratados Internacionales que es órbita exclusiva de la Nación y, subsidiariamente, de las Provincias.
En cuanto al reproche que se hace al Municipio en cuanto a las responsabilidades y los servicios que debía prestar, se analizó el poder de policía de la jurisdicción local en función de la ordenanza relativa a la habilitación de locales nocturnos N° 1183/93 y la regulación de la libreta sanitaria N° 2919/05 que luego fue derogada por la ordenanza 4162/2012.
Sobre la primera norma citada, regulaba una actividad de la que no surgía autorización para desarrollar actividad ilícita alguna. El Estado municipal no tenía conocimiento de una posible situación de trata o explotación sexual que no había sido advertida por la Policía provincial que estaba presente en todas las inspecciones comerciales y, por otra parte, la competencia municipal sólo permitía denunciar, en caso de detectarse esa situación, ante la Policía.
La habilitación de un club nocturno implicaba habilitar una superficie comercial para realizar espectáculos y expendio de bebidas y en modo alguno se habilitaba una actividad ilegal o ilícita. El mismo juez federal que instruyó la causa al dictar la orden de allanamiento indicó que “dada la ilicitud de estas actividades, las mismas son desarrolladas con el mayor grado de clandestinidad”.
Sobre la segunda ordenanza, la que regulaba las libretas sanitarias, ya no estaba vigente al momento de los hechos que atribuyen responsabilidad al Municipio.
El área legal de la Municipalidad enumeró asimismo la rápida actitud colaborativa en la investigación que se inició a partir de la demanda y las actuaciones del Juzgado Federal, aportando la documentación necesaria, actas, normas, notas y toda la información sobre los clubes nocturnos, antecedentes de inhabilitaciones y clausuras.
Además, recordó que oportunamente los fiscales Soria, Hermida y Rota solicitaron al Concejo Deliberante que estudie la derogación o modificación de las partes que correspondieren a las ordenanzas municipales 1183/93 y 2219/05, de habilitación de locales nocturnos y de libretas sanitarias respectivamente. Por este motivo, y alertado de ello, el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza municipal N° 4153 mediante la cual se suspendió el otorgamiento de habilitación comercial y permisos de obra para la instalación, funcionamiento y/o construcción de locales.
El deliberativo capitalino se adentró en el debate presentando dos asuntos: el N° 569 de mayo de 2012 por el concejal Silvio Bocchicchio para la regulación de los clubes nocturnos, restringiendo condiciones, y el N° 1267 del entonces concejal Walter Vuoto para prohibir el funcionamiento e instalación de clubes nocturnos, wiskerias, dancing, night clubes, cabarets. Por su parte, recién dos años después de esto, en 2014, prohibió la instalación de clubes nocturnos.
El alegato del Municipio también enfatizó que por decisión del intendente Walter Vuoto se creó la Secretaría de la Mujer como un ámbito jerarquizado tendiente a incorporar la perspectiva de género en la gestión.
Por ello desde el 16 de diciembre de 2015 se trabaja en conjunto con la Fundación Sapa Kippa, realizando la Secretaría de la Mujer acompañamiento a víctimas de explotación sexual. También se realizan actividades de sensibilización sobre el delito de trata de personas con personal de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, y se llevan a cabo actividades de sensibilización con operadores sociales y comunitarios del Municipio junto al Comité Nacional contra la Trata. Paralelamente, con la Fiscalía se implementó la asistencia primaria desde el Programa de Protección Integral y articulación de acciones directas de la Secretaría de la Mujer, entre otras.
Todas acciones que muestran una actitud activa y comprometida del Municipio de Ushuaia, se remarcó en el alegato realizado por el área legal del Ejecutivo de la ciudad.

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